La evaluación estuvo a cargo de la firma independiente Centela-Sapiens y contempló tres dimensiones: corrupción, posibles vínculos con el narcotráfico y crimen organizado, así como defensa de la soberanía nacional. El proceso forma parte de la denominada declaración “6 de 6” y del Protocolo Antinarcocandidatos que se plantea de cara a las elecciones de 2027.
El examen utilizó el sistema Cogito, que, de acuerdo con los especialistas responsables de la aplicación, no corresponde a un polígrafo convencional y emplea seis sensores psicofisiológicos procesados mediante algoritmos. Entre las mediciones se incluyeron temperatura facial, microexpresiones, respuesta galvánica de la piel, presión arterial, análisis de voz y movimientos oculares.
La evaluación constó de siete preguntas y, al finalizar, el sistema genera un resultado de “no sospechoso” o “sospechoso”, con base en las respuestas y mediciones obtenidas durante el procedimiento.

