El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, rechazó que el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sea imputado dentro de la carpeta de investigación relacionada con la disputa por terrenos de la familia Urquiza Fernández en el municipio de Huimilpan.
La declaración se produjo luego de que integrantes de la familia ofrecieran una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde acusaron públicamente al exmandatario de presuntamente participar en un esquema para despojarlos de 269 hectáreas y derechos de agua, además de señalar a la Fiscalía General del Estado de utilizar el aparato de procuración de justicia para presionarlos.
Cuestionado sobre estos señalamientos, el fiscal queretano afirmó que Francisco Domínguez no aparece dentro de la carpeta de investigación como imputado y sostuvo que la Fiscalía continuará atendiendo el asunto que fue denunciado ante la institución.
Hernández también hizo referencia a la propia versión expuesta por la familia Urquiza durante su conferencia, al señalar que los afectados han reconocido que existe un componente de carácter familiar y que parte del conflicto tendría que resolverse ante las autoridades judiciales en las vías civil y familiar.
No obstante, precisó que esto no impide que la Fiscalía dé seguimiento a los hechos que fueron denunciados ante la institución y que se encuentran dentro de su ámbito de competencia.
FAMILIA URQUIZA ACUSA PERSECUCIÓN
Las declaraciones del fiscal se dan después de que Pamela Urquiza y su abogado, Rodrigo Madero, acusaran al exgobernador Francisco Domínguez de estar detrás de un supuesto esquema inmobiliario mediante el cual buscarían asumir el control de dos ranchos ubicados en Huimilpan.
De acuerdo con los denunciantes, los predios tienen una extensión conjunta de 269 hectáreas y cuentan además con derechos de agua. Señalaron que en el conflicto estaría involucrada la empresa MFJ Campestre, S.A. de C.V., mediante contratos de fideicomiso que, según su versión, contemplaban condiciones desproporcionadas para los propietarios.
Pamela Urquiza también acusó directamente al fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández de presuntamente actuar en coordinación con el exgobernador para ejercer presión contra ella y su familia.
Los afectados sostienen que el conflicto inmobiliario habría sido llevado de la vía civil a la penal mediante la apertura de carpetas de investigación y la realización de cateos, lo que consideran una forma de persecución.
La familia afirma además que ha obtenido resoluciones favorables en instancias federales y que mantiene diversos recursos de amparo relacionados con las actuaciones realizadas dentro del conflicto.
FISCALÍA MANTENDRÁ INVESTIGACIÓN
Ante los señalamientos, el fiscal reiteró que Domínguez Servién no figura como imputado en la carpeta, por lo que, hasta el momento, no existe una acusación penal en su contra dentro de este expediente.
La familia Urquiza, por su parte, informó que llevó el caso ante instancias federales y presentó una solicitud ante la Presidencia de la República, además de recurrir a la Fiscalía General de la República.
El caso permanece abierto y con procedimientos tanto civiles como penales y de carácter constitucional en trámite. Mientras los afectados mantienen sus acusaciones contra el exgobernador y autoridades estatales, la Fiscalía sostiene que Francisco Domínguez no forma parte de los imputados dentro de la carpeta de investigación señalada.
Las acusaciones realizadas por la familia deberán ser acreditadas ante las autoridades correspondientes y, hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine responsabilidad penal del exgobernador por estos hechos.