La presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega Vázquez, deberá demostrar si cuenta con título profesional, esto en cumplimiento de la sentencia de amparo 1361/2025, luego de que un ciudadano solicitara aclarar su situación académica. La orden fue emitida por la jueza séptimo de distrito en materia de amparo civil, administrativo, de trabajo y de juicios federales en Querétaro, América Uribe España, quien advirtió que, en caso de no rendir el informe justificado ni presentar la documentación correspondiente, la edil se hará acreedora a una multa de 26 mil 22.20 pesos, equivalente a 230 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El procedimiento se deriva de una solicitud presentada el pasado 30 de julio por David Iván Fabela Mendoza, quien expuso una “discrepancia grave de carácter oficial” entre los datos que Ortega declaró ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y los registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Mientras en el portal del municipio se establece que la presidenta concluyó estudios de licenciatura en educación, refiriendo el grado máximo como “licenciatura terminada”, en la página de candidaturas del IEEQ aparece como “licenciatura inconclusa”. Ante esta contradicción, Fabela solicitó información oficial sobre si la edil cuenta con cédula profesional, así como copias de certificados y documentos firmados bajo el título de licenciada o maestra.
Entre las peticiones también se incluyó que la presidenta municipal acredite públicamente con un documento su grado académico o reconozca expresamente que carece de título, además de garantizar que no volverá a utilizar denominaciones que no estén legalmente sustentadas. La polémica se suma a otros señalamientos contra la alcaldesa, como denuncias de censura a medios locales y acusaciones de violencia política, mismas que Ortega ha rechazado. Por ahora, el caso se centra en la obligación de transparentar su formación académica y responder a las inconsistencias documentales que han generado dudas sobre la legalidad en el uso de su grado profesional